El procedimiento fue dispuesto por el juez Daniel Rafecas
Allanan domicilio de un general sospechado de haber participado en el asesinato de Alberte.
El domicilio del general retirado Jorge Eugenio O´Higgins, sospechado de haber participado el 24 de marzo de 1976 en el asesinato del militar y ex-delegado de Juan Domingo Perón, Bernardo Alberte, fue allanado por orden judicial, informaron fuentes de la causa. La medida fue realizada ayer por orden del juez federal Daniel Rafecas, en el marco de una causa iniciada por la familia de Alberte poco después del hecho y ahora integrada a la megacausa por crímenes de lesa humanidad en el Primer Cuerpo de Ejercito. Durante la requisa, a cargo de funcionarios judiciales y de la Policía Federal, se incautaron partes de inteligencia y documentación que podrían complicar la situación de O´Higgins.
El general O'Higgins actuó en la jefatura de Inteligencia del Ejército desde 1975, informó la abogada de la familia Alberte, Elizabeth Gómez Alcorta. Según varios historiadores, también participó a cominzo de los años '80 de la intervención clandestina de los militares argentinos en Centroamérica, y particularmente en la creación de la guerrilla "contra" que intentó acabar con el gobierno sandinista de Nicaragua.
En cuanto al mayor Alberte (ascendido post mortem por el gobierno de Néstor Kirchner a coronel) fue arrojado desde el sexto piso del edificio en que vivía en el barrio de Recoleta en la misma madrugada del golpe por una patrulla militar que también robó de su departamento pertenencias suyas, incluida su correspondencia con Perón durante los años 1967 y 1968.
A O’Higgins se le imputa haber tenido en su poder los originales de esas cartas que azarosamente fueron encontradas por un vecino del militar cuando este se deshizo de ellas, en 1982.
En el expediente judicial, iniciado en junio de 1976 y reabierto tras la derogación de las leyes de impunidad, la familia Alberte acusó como jefe de la comisión militar que ejecutó el crimen al general Oscar Enrique Guerrero, entonces jefe de Operaciones del ejército y luego jefe de la policía bonaerense.
En el expediente judicial, iniciado en junio de 1976 y reabierto tras la derogación de las leyes de impunidad, la familia Alberte acusó como jefe de la comisión militar que ejecutó el crimen al general Oscar Enrique Guerrero, entonces jefe de Operaciones del ejército y luego jefe de la policía bonaerense.
